Han demostrado su incapacidad para gestionar el Servicio Público con los recursos disponibles, para ofrecer una programación de calidad y para cuadrar las cuentas que ellos mismos han elaborado. Para poner en marcha proyectos que aprovechen la creatividad de la plantilla o para ofrecer la programación que la ciudadanía andaluza se merece.
La dirección interina, al igual que otras anteriores, sigue transfiriendo dinero público a rentas privadas. Externaliza la producción, mientras tiene los recursos propios infrautilizados o cedidos a las productoras, para que los dueños de estas empresas del sector privado audiovisual sigan llenándose los bolsillos con los recortes de los trabajadores y trabajadoras.
Su desapego a la empresa pública les lleva a inaugurar la cadena privada autonómica, competencia directa de Canal Sur, en un plató que se ha pagado con los millones de euros que se han trasferido desde la RTVA durante los últimos años.
Y, a pesar de todo, no les tiembla el pulso en proponer un nuevo descuelgue salarial para que todas/os paguemos sus facturas, incumpliendo lo que firman, ni de amenazar con la caducidad del Convenio Colectivo usando la reforma laboral de Rajoy, cuando les interesa.
Las/os trabajadoras/es ya estamos sufriendo demasiado esta crisis, perdiendo condiciones de trabajo y derechos. En el último año hemos visto como nuestros salarios disminuían entre un 20% y un 30%, hemos perdido un canal - que resulta más caro tenerlo cerrado - y se han perdido más de 200 empleos.
Sin embargo, ellos siguen manteniendo una pesada e inútil estructura directiva, una errática práctica retributiva basada en el exceso de complementos a sus afines y una visión de la programación y del servicio público totalmente contraria al interés general ¿Qué pensarían el millón y medio de andaluces en paro, a quien Durán recurre cada vez que quiere recortarnos, si supieran que él, y parte su dirección, cobran más que el Presidente de la Junta de Andalucía? Hablan de transparencia y participación en su boletín oficial –intranet- pero niegan la información y la participación a las/os trabajadoras/es y a sus representantes legales.
Los propietarios de esta empresa pública, la ciudadanía andaluza, y sus representantes tendrían que preguntarse a qué intereses sirve esta dirección y si la gestión que hacen es leal a los intereses de las y los andaluces.