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Comisiones Obreras rechaza totalmente la moción para modificar la Ley de RTVA que pretende la ultraderecha pues pone en peligro el futuro de la radio y televisión pública y atenta, directamente, contra nuestros puestos de trabajo.
La moción (pincha aquí para verla) que se debatirá este jueves por el Pleno del Parlamento de Andalucía plantea directamente la reducción de gasto en el Servicio Público, la financiación preferente mediante ingresos publicitarios, la desregulación de las condiciones laborales mediante movilidad geográfica o funcional y redimensionar la plantilla.
La extrema derecha sigue en su guerra contra Canal Sur y l@s trabajador@s. Han puesto sobre la mesa una moción (de obligado cumplimiento) que, de aprobarse, supondría el fin de la RTVA. Un plan que pasa por la reducción drástica de ingresos de los presupuestos de la comunidad autónoma y que dejaría al ente al albur del mercado publicitario. Hecho que ahogaría la RTVA y haría inviable su existencia. Recordamos que Elías Bendodo ya dijo hace algunos días que la RTVA tendría un "plan de choque" por la supuesta pérdida de ingresos publicitarios en la crisis del Coronavirus. No sabemos a qué plan de choque se refería, pues ni el gobierno de la Junta ni la dirección de la RTVA han sabido ofrecer datos exactos. Tampoco han querido ofrecer datos del aumento de gastos en sueldos de directivos (subida salarial para Álvaro Zancajo, Desireé García Escribano y Carmen Torres respecto a sus antecesores) o de nombramientos y pluses realizados en las últimas semanas. Y ocultan el gasto total en pago por servicios (o favores) a productoras, mediante la externalización de programas los últimos meses.
Tampoco olvidamos que los acuerdos de desconvocatoria de la huelga de febrero siguen sin cumplirse. Acuerdos que deberían abordarse de forma inmediata en las mesas de Negociación Colectiva ¿Incumplimiento de la dirección o del gobierno andaluz? Los socios del gobierno van más allá y hablan directamente en la moción de aplicar criterios de "movilidad funcional y geográfica" para "redimensionar" la RTVA ¡Blanco y en botella!
Comisiones Obreras ha propuesto al resto de secciones sindicales la convocatoria de concentraciones-asambleas en todos los centros de trabajo, a partir del lunes 22 de junio, si prospera la moción del jueves. Somos conscientes de la importancia de la seguridad y la salud de la plantilla, ese ha sido nuestro principal empeño durante los últimos tres meses. Por ello las convocatorias se llevarán a cabo en lugares abiertos, manteniendo la obligada distancia y con todas las garantías sanitarias. Debemos responder antes de que el deterioro de la radio y televisión pública andaluza no tenga vuelta a atrás.
Si algo hemos aprendido durante las últimas semanas y meses, es el Valor de lo Público. Lo Público es la única garantía para afrontar situaciones difíciles y para ser una sociedad solidaria y con futuro. Nuestro futuro ahora pasa por la unidad y por no dar ni un paso atrás ante quienes quieren acabar con todo.
La dirección de la RTVA mostró ayer su cara más inhumana en la reunión de COMVI, justificando las presiones a las trabajadoras y trabajadores de los grupos de riesgo para incorporarse al trabajo presencial antes de que finalice el estado de alarma. Lo mismo que les “invitó” a pedir la baja por enfermedad en vez de poner en marcha el trabajo en casa.
Casi 3 meses después de la declaración del estado de alarma la dirección no tiene un diagnóstico de la situación de la empresa para para poner en marcha el trabajo no presencial (medios técnicos, catálogo de puestos de trabajo adaptables, flujo de trabajo, interacciones con el trabajo presencial, etc.). Lo hemos exigido y han dicho que lo van a hacer y a entregar a la Representación Legal de las/os Trabajadoras/es. También hemos exigido que se cumpla el Convenio Colectivo en cuanto a derechos, jornada laboral, registro de horas extras, etc. para las compañeras y compañeros que están trabajando a distancia (por fuerza mayor).
Hasta ahora, todo lo que se ha hecho en ese sentido ha sido gracias al esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores, que en la inmensa mayoría de los casos han tenido que poner sus medios técnicos (ordenador, móvil, línea de teléfono, ADSL...) y su inventiva para suplir la falta de organización de la dirección. Esta situación ha generado mucho estrés añadido a la ya difícil tarea de trabajar en medio de esta crisis. Toda la plantilla ha realizado un esfuerzo inmenso y ha estado a la altura de las circunstancias. Haciendo lo que hay que hacer (velar por el Servicio Público, protegerse para proteger al resto, cuidar de mayores y menores, etc).
La dirección, sin embargo, no ha querido aprovechar la situación para ofrecer el Servicio Público que la ciudadanía esperaba y, a pesar de la disposición mostrada por la plantilla, han preferido hacer caja con las productoras de sus amigos o poner la radio y televisión pública al servicio de su partido (dando incluso cobertura a bulos y a la estrategia del odio de la extrema derecha).
La dirección de RR.HH. no ha querido compensar a la plantilla por el enorme esfuerzo con los días de vacaciones que nos arrebataron el año pasado. Así lo ha propuesto CC.OO. Sólo quieren dar 1 día y sólo a las personas que han estado de manera permanente de manera presencial, entre el 15 de marzo y el 15 de mayo. Discriminan así a quienes han estado intermitentemente o han trabajado desde casa más horas que un reloj, con sus medios y pagando de su bolsillo un montón de gastos.
Tampoco han querido atender las peticiones de medidas de conciliación que CC.OO. ha planteado, para cuando quede sin efecto el acuerdo por el estado de alarma, pero persista el cierre de guarderías, colegios, centros de día para mayores, campamentos de verano, etc. Se niegan a extender el permiso retribuido por cuidados y a permitir la acumulación de las reducciones de jornada y salario. Han puesto mala cara cuando hemos pedido que no se pongan impedimentos a las excedencias y PNR. Es indignante que la dirección mejor pagada del todo el sector público andaluz, diga a las trabajadoras y trabajadores que se busquen la vida, sin tener en cuenta ninguna de las particularidades planteadas desde CC.OO. (por ejemplo las familias monomarentales)
Todo esto en aras de una programación que aún desconocemos (tampoco hoy la han precisado, salvo que las desconexiones de TV volverán el 14 de septiembre) Esperamos que luego no sea para subcontratar, como ha pasado con las últimas retransmisiones, que se han externalizado a pesar de disponer la RTVA de las unidades móviles y de la plantilla necesaria.
Lo dirección, a exigencia de CC.OO. sí se ha comprometido a modificar la instrucción sobre vacaciones que la dirección de RRHH ha enviado a la plantilla, donde interpretaba de forma sesgada derechos como el periodo de disfrute, días sueltos, etc, para adecuarla a lo que dice realmente el Convenio Colectivo.
CC.OO. Anima a todas y todos a que denuncien y nos hagan saber las presiones que puedan sufrir en estos momentos. Es duro escuchar por parte de la dirección de RRHH, tal y como ayer pasó, que las trabajadoras y trabajadores hemos “salido corriendo” durante la crisis y comprobar que, entre risas y bromas, el representante de otro sindicato calificaba a quienes tienen determinadas circunstancias de “no querer trabajar” y pedir la incorporación inmediata de la población de riesgo. Por supuesto, ni una sola crítica a quienes no han querido (o no han sabido) implementar medidas de trabajo a distancia ante la demanda continua de la plantilla ¡Nuestro más rotundo rechazo!
Quienes hacen esta afirmación desde la seguridad sus casas o con una nómina de 6000 euros al mes, no han aprendido nada de la solidaridad y del deber de protección a los más vulnerables. Una vez más la plantilla va por delante de la dirección y de algunos de los que dicen representarles.
Periodistas de CCOO en RTVA analizan las entrevistas de Mariló Montero en los informativos de Canal Sur TV y denuncian su sectarismo.
Las entrevistas que Mariló Montero realiza desde hace dos meses en los informativos de CSTV no tratan temas andaluces, el objetivo siempre parece ser criticar al Gobierno central y muchos de los entrevistados están conectados con la derecha o extrema derecha. Son una muestra más de la uso sectario y partidista de la televisión pública andaluza.
Lo primero que llama la atención es la selección de los expertos o cargos entrevistados. Muchos tienen vinculación política con partidos, fundaciones o asociaciones de derecha o incluso de extrema derecha. El caso de Alfredo Perdiguero el 12 de mayo ha sido quizás el más polémico. Este señor es subinspector de la Policía, fue candidato en las elecciones autonómicas de Madrid por VOX, es portavoz de un sindicato policial minoritario y marginal, expedientado varias veces y denunciado por difundir bulos. Sin embargo, ahí lo tenemos, en la televisión pública andaluza, hablando en nombre de la Policía Nacional y difundiendo un discurso confuso y caótico contra el Gobierno con la ayuda de Montero. Pero no es el único caso.
El 6 de mayo entrevista a Adolfo Prego, ex magistrado del Tribunal Supremo, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, abogado de María Dolores de Cospedal, patrono de honor de la fundación Defensa de la Nación Española (Denaes), próxima a la asociación ultraconservadora Manos Limpias, apartado como ponente del tribunal que juzga la investigación de los crímenes del franquismo por falta de imparcialidad objetiva. Y el 27 de abril entrevista como investigadora a Mónica López Barahona, de la universidad Rey Juan Carlos I. Esta señora en 2019 aparece como presidenta de la Fundación Jerome Lejeume, una asociación fundamentalista pro-vida y antiabortista. También es miembro de la Academia Pontifica Por la Vida, un órgano de la Iglesia Católica cuyos miembros nombra el Papa. Y fue decana de la Universidad Francisco de Vitoria, de los ultraconservadores Legionarios de Cristo.
Otros entrevistados son empresarios, como el director del colegio San Francisco de Paula, de Sevilla, el 5 mayo, al que llama continuamente “Don Luis”, sin que quede claro el motivo. Esa entrevista, para hablar sobre la vuelta al colegio en septiembre, se convierte en un publireportaje de un colegio privado y elitista, cuando solo el cinco por ciento de los alumnos andaluces asisten a un centro privado. Otros personajes tienen relación personal con la periodista, como José Luis Iglesias, CEO de la empresa "Mad and Digger" y socio de su hijo Alberto Herrera. Y, curiosamente, se repite un entrevistado, el pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, conocido por explicar sin apuro en el informativo de Canal Sur TV que es amigo personal del consejero Jesús Aguirre. Se le entrevistó el 28 de abril y el 19 de mayo.
Parece como si la selección de personajes se la hiciera algún partido político y, por supuesto, desde Madrid, ya que los temas andaluces o la perspectiva andaluza sobre la actualidad es prácticamente inexistente. Los entrevistados andaluces son minoría e, incluso cuando lo son, la entrevistadora no parece interesada en nuestra realidad. El 1 de mayo entrevista a la catedrática de economía Rocío Román, pero no le hace ninguna pregunta sobre la situación en Andalucía. En el caso del director del colegio San Francisco de Paula no se refiere en ningún momento a la educación en Andalucía. Cuando entrevista a una asociación de padres de niños con discapacidad intelectual, el 30 de abril, elige a una plataforma minoritaria en Andalucía, con mucho peso en Madrid. Y los temas elegidos suelen ser de ámbito nacional.
De hecho, la mayoría de las entrevistas tienen el objetivo de establecer una confrontación con el Gobierno central. Por ejemplo, la del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, José Fernández Parra, el 23 de abril, se centra en la intención de denunciar al Gobierno por reparto de mascarillas defectuosas. Nunca se llega a confirmar si la denuncia realmente se puso. También la entrevista al mediático forense José Cabrera, para incidir en el discurso de que el Gobierno no deja hacer autopsias. Cabrera afirmaba que las autopsias se pueden hacer en hospitales de más de 500 camas. Sin embargo, la Sociedad Española de Anatomía Patológica había difundido una nota de prensa en la que no recomendaba hacer las autopsias, por falta de medios de protección y de adecuación de las salas de autopsias. Esto no se recoge en la entrevista ni se contrastan las opiniones del entrevistado. La conversación con Mónica López Barahona tiene como objetivo resaltar que el trabajo de los investigadores no se considera esencial durante el confinamiento, aunque sin embargo explica que los que se dedican al coronavirus sí están trabajando. También que el gobierno central no hace más PCR porque no quiere, ya que tiene a su disposición “si no miles, sí cientos de máquinas paradas” en los laboratorios. La doctora dice que Sanidad ha validado “solo hasta la fecha” trece laboratorios, cuando ya se sabe que son 24 los laboratorios en total, según la página web de Moncloa. Tampoco se dice que el Instituto Biomédico de Sevilla sí está validado, aunque la investigadora explica que la Universidad de Málaga no puede hacer los test.
En la entrevista a Antonio Núñez, catedrático de Inmunología, el 24 de abril, Montero intenta provocar que el entrevistado acuse al Gobierno de no hacer test de anticuerpos a toda la población. Pero el experto dice que hay problemas técnicos y económicos, que “lo importante es hacer un estudio epidemiológico como el que parece que están haciendo el Gobierno central”. El 8 de mayo, en la entrevista a Joaquín Muñoz, especialista en Derecho a la Información, el objetivo es confirmar la “ilegalidad” de la decisión del Gobierno al no publicar los nombres de los miembros del comité de expertos que decidirán el ritmo de la desescalada en los territorios. De nuevo, Montero parte de una tesis previa y busca un experto que la corrobore. En la conversación con Francisco García, presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, emitida el 21 de abril, pasa algo similar. Montero parece perseguir críticas explícitas al Gobierno por las declaraciones del general José Manuel Santiago sobre los bulos. Sin embargo, el entrevistado no sigue este discurso. Quizás por eso la entrevista dura la mitad de lo habitual.
El 7 de mayo entrevista a Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional en el Instituto de Estudios Bursátiles, abogado y reconocido detractor del estado de alarma en medios como “Vox Pópuli” o “ABC”. El objetivo es establecer que el estado de alarma es innecesario para controlar la pandemia y que ha habido recorte de derechos, un discurso recurrente de la derecha durante la crisis sanitaria. El mismo objetivo parece estar detrás de la conversación con Adolfo Prego. En la conversación con el presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos, el 20 de abril, se vuelve a cargar contra el Gobierno, criticando que van a obligar a abrir a los hoteles, cuando todavía no se conoce el contenido del plan del Ejecutivo. La medida del pasaporte sanitario que defiende el entrevistado había sido propuesta por VOX en algunas autonomías, en contra de las recomendaciones de la OMS.
Las entrevistas, además, muestran poca preparación y dominio de los temas tratados. En la entrevista a la economista Rocío Román, Montero asegura: “dicen que se avecina una catástrofe económica”. A menudo, los entrevistados le corrigen. En la conversación con Prego, Montero pregunta “¿Y ese estado de alarma está limitando los derechos del control parlamentario, político e incluso judicial?” Y el ex magistrado tiene que aclarar: “Eso más que derechos son los funcionamientos normales institucionales de un Estado de Derecho”. La entrevistadora nunca contrasta o pone en duda las declaraciones de los expertos, las da como hechos comprobados.
El análisis de esta sección de entrevistas vuelve a poner de manifiesto la deriva de manipulación, de falta de calidad periodística y de ausencia de temas de relevancia para los andaluces en Canal Sur TV. En consonancia con la orientación de los informativos. Y nos hace temer las consecuencias que puede tener la asignación de nuevas tareas a Montero. También demuestra que la televisión pública andaluza se ha convertido en una herramienta al servicio del Partido Popular a nivel nacional, que ha logrado imponer su estrategia de acoso y derribo al Gobierno de coalición, aparcando los intereses de los andaluces. Canal Sur Televisión debe cumplir un servicio público, encomendado por el Estatuto de Autonomía y centrado en el derecho a una información veraz para toda la ciudadanía andaluza.
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